Una resolución en el Senado de EE.UU. busca influir en la gestión panameña del Canal bajo el argumento de la seguridad nacional estadounidense.
El senador republicano Eric Schmitt encabezó una iniciativa en el Senado de Estados Unidos que exhorta a Panamá a cortar relaciones con empresas chinas que operan en puertos clave del Canal de Panamá.
La resolución, presentada el 23 de enero, plantea preocupaciones sobre la influencia del Partido Comunista Chino en esta infraestructura estratégica y busca impulsar un mayor control estadounidense sobre su gestión.
Schmitt ha compartido esta información en sus redes sociales y sitio web, destacando la urgencia de su propuesta.
Además, el tema ha sido difundido por diversos medios nacionales e internacionales, reflejando la creciente presión de Washington sobre Panamá en este asunto.
¿Seguridad o injerencia?
Schmitt, junto a otros senadores republicanos como Tom Cotton, Katie Britt, Roger Marshall, Pete Ricketts y Marsha Blackburn, sostiene que la presencia de compañías chinas representa un riesgo para los intereses de EE.UU.
“China controla los puertos en ambos extremos del Canal, lo que pone en peligro el tránsito de bienes y de nuestra Armada”, afirmó el senador en declaraciones a Fox News.
El documento también propone la creación de un grupo de trabajo entre Panamá y EE.UU. para “fortalecer la seguridad y la gestión operativa del Canal”.
Además, sugiere la cancelación de acuerdos que permiten a entidades chinas administrar puertos estratégicos y promover inversiones alternativas con aliados regionales.
El trasfondo de esta ofensiva se vincula a la expansión de CK Hutchison Holdings, empresa con sede en Hong Kong, que en 2021 obtuvo una extensión de 25 años sobre la administración de puertos en el Canal.
Para los legisladores republicanos, esto equivale a darle una ventaja geopolítica a China en una vía crucial para el comercio mundial.
El fantasma de la «recuperación del Canal»
Esta resolución se da en un contexto donde el expresidente Donald Trump y su sector político han intensificado sus llamados a recuperar influencia sobre el Canal, argumentando que su traspaso a Panamá en 1999 fue un error estratégico de la administración de Jimmy Carter.
Incluso, el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá en los próximos días con el presidente José Raúl Mulino y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, en lo que parece un nuevo capítulo de la presión estadounidense sobre la soberanía panameña.
Mientras EE.UU. redobla su discurso sobre la amenaza china, el gobierno panameño ha optado por una estrategia de cabildeo en Washington, contratando a la firma BGR Group, cercana al Partido Republicano, para manejar sus relaciones con el Congreso estadounidense.
¿Hasta dónde llega la soberanía?
Para expertos como el abogado y diplomático Julio Linares, la resolución representa un claro intento de intervención en los asuntos internos del país.
“Esto es un disparate. No pueden exigirle a Panamá con quién debe o no hacer negocios. Están pasando por encima del derecho internacional”, expresó en declaraciones a La Prensa.
A pesar de ello, el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de EE.UU., presidido por el senador Ted Cruz, celebrará una audiencia el próximo 28 de enero para examinar “el impacto de las tarifas e influencia extranjera en el Canal de Panamá”, lo que sugiere que el tema seguirá escalando en la agenda política estadounidense.
En un tablero geopolítico donde el Canal de Panamá vuelve a ser un punto de disputa entre potencias, la pregunta que queda es si Panamá logrará mantener su autonomía en la administración de su principal activo estratégico o si cederá ante las presiones de Washington.
