El excontralor general de la República, Gerardo Solís, vuelve al ojo del huracán. Esta vez, el diputado independiente Jhonathan Vega, del movimiento Vamos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que durante la administración de Solís se solicitaron 166 auditorías que nunca se realizaron.
Una Contraloría de puertas cerradas
Según Vega, estas auditorías —que podrían haber destapado irregularidades en diversas instituciones, incluida la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)— no fueron ejecutadas. «Esto puede ser por negligencia, por encubrimiento o por falta de interés», advirtió el diputado, subrayando la necesidad de que el nuevo contralor y el Ministerio Público retomen estos casos y garanticen investigaciones serias.
El precedente no es menor. La Corte Suprema de Justicia recientemente declaró inconstitucionales varias disposiciones de la Ley 351, que en su momento otorgaron a Solís la potestad discrecional de cerrar auditorías a conveniencia. Un detalle que refuerza la sospecha de que las omisiones no fueron casualidad.
Millones de dólares en la sombra
Lo que está en juego no es solo la transparencia en la gestión pública, sino millones de dólares en fondos estatales que pudieron haber sido objeto de auditorías y nunca lo fueron. «Nos han informado que existieron designaciones específicas para frenar auditorías en ciertas instituciones», reveló Vega, dejando abierta la interrogante sobre qué se intentó ocultar y a quién protegió la Contraloría en el quinquenio pasado.
La denuncia presentada por Vega es un nuevo golpe a la credibilidad de la administración Solís, quien ya había sido criticado por su manejo laxo de los recursos estatales. Su gestión, marcada por decisiones opacas y un evidente sesgo político, dejó un rastro de dudas que ahora el Ministerio Público está llamado a esclarecer.
¿Habrá justicia esta vez?
El clamor ciudadano es claro: auditorías sin trabas, rendición de cuentas y sanciones para los responsables. Pero, en un país donde los procesos judiciales suelen dilatarse y los casos de corrupción mueren en el archivo, la gran pregunta es: ¿tendrá esta denuncia un destino distinto?
El nuevo contralor y el procurador general tienen la oportunidad de marcar la diferencia. El momento de actuar es ahora.
