La Asamblea Nacional de Panamá ha vuelto a quedar expuesta. Un reportaje especial de La Estrella de Panamá, el medio más antiguo del país, ha revelado que 54 de los 58 suplentes de diputados reciben jugosos salarios mensuales, oscilando entre los 2 mil y 5 mil dólares, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia establece que los suplentes no deben percibir emolumentos permanentes.
El reportaje, que involucra a diputados de todas las bancadas, incluyendo la coalición independiente Vamos, evidencia una estructura opaca de contratación en la que los suplentes figuran como asesores legales, asistentes administrativos o técnicos parlamentarios, cargos que ya existen en la planilla fija de la Asamblea.
Esto no solo representa un posible uso irregular de fondos públicos, sino que también revela una práctica sistemática de eludir la prohibición impuesta por la CSJ en 2017.
Aunque no se trate de nepotismo porque la mayoría no son familiares, si podría tratarse de tráfico de influencia, ya que sin el contacto de su principal o el cargo de suplente que ostentan, por más buena que sea su hoja de vida, quizás nunca hubiesen logrado esa contratación ¿o sí?
Entre los casos más llamativos está el de Alaín Albenis Cedeño Navarro, quien suple a su padre, el diputado Alaín Cedeño Herrera que recibe un salario de 5 mil dólares como asesor 2. Otro ejemplo es Benisio Robinson hijo, suplente de su padre del mismo nombre y figura fuerte del PRD, quien cobra 4 mil 300 como asistente administrativo. Estos pagos no solo violan el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sino que refuerzan la dinámica de nepotismo y tráfico de influencias en la Asamblea Nacional.
Entre julio y agosto de 2024, el 67% de los suplentes de diputados fueron ingresados en la planilla 01, destinada al personal fijo de la Asamblea, sin que se demuestre su asistencia diaria ni su desempeño laboral. Esto se debe a que los suplentes no están obligados a marcar en el reloj biométrico de la institución, a diferencia del resto de los funcionarios. Estos tienen una lista donde dicen que firman cuando entran y cuando salen y que reposa en Recursos Humanos. Co los votos de estos diputados para salvar el pellejo de sus supentes por un año más, ¿logrará Dana Castañeda reelegirse el primero de julio?
La organización Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, ha solicitado una investigación ante la Contraloría General de la República. Su expresidenta, Lina Vega, calificó el caso como una simulación más de las muchas que se dan en la administración pública, asegurando que la presidenta de la Asamblea, ha fallado en su promesa de transparencia y rendición de cuentas.
El constitucionalista Carlos Pedreschi calificó el esquema de contratación como una inmoralidad y aseguró que se trata de una estrategia para evadir la prohibición de la Corte.
El escándalo ha generado un ambiente tenso en la Asamblea. Mientras algunos diputados se han negado a dar declaraciones, otros han intentado justificar los pagos argumentando que los suplentes cumplen funciones específicas dentro de sus despachos.
El diputado Betserai Richards defendió el salario de su suplente, Maylin Prince, quien cobra 2 mil 500 como asesora 1, asegurando que nada impide que trabaje y cobre un salario. En la misma línea, el diputado José Pérez Barbóni señaló que su suplente, Kevin Carrillo conocido como Robíño , cumple con un horario y sus funciones.
Sin embargo, los registros oficiales demuestran que estos pagos no aparecen en la planilla de la Asamblea Nacional, sino en el portal de la Contraloría, y en muchos casos difieren entre sí. Además, no hay evidencia tangible de que estos suplentes asistan regularmente a trabajar.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea, admitió que los suplentes trabajan como funcionarios y justificó su inclusión en la planilla alegando que no cobran como suplentes, sino como personal de la Asamblea. No obstante, al ser cuestionada sobre la duplicidad de funciones y la falta de registros de asistencia, Castañeda se limitó a decir que verificará la situación con Recursos Humanos.
El escándalo de los pagos a suplentes no es un hecho aislado, sino un reflejo de las prácticas corruptas que han permeado la política panameña por décadas. La utilización de recursos públicos para beneficiar a aliados políticos y familiares es una constante, y este caso demuestra cómo los diputados han encontrado una forma de evadir la ley para seguir beneficiándose del Estado.
A pesar de las reacciones de Transparencia Internacional y de algunos diputados que han prometido presentar denuncias ante el Ministerio Público, la pregunta sigue en el aire: ¿Habá sanciones reales para los responsables, o será este otro escándalo que quedará en la impunidad?
La decisión ahora está en manos de la Contraloría pero también de la ciudadanía, que cada vez más exige transparencia y justicia en la gestión pública.
