En un ejercicio voluntario que desafía la burocrática tradicional, el Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) presentó su informe de rendición de cuentas periodo 2025-2026 y su ambicioso Plan de Trabajo 2026-2028.
A solo dos años de su creación, la Institución no solo valida su existencia como una necesidad real
de justicia administrativa en el país, sino que traza una hoja de ruta con profundo impacto en la eficiencia del Estado y la protección de los derechos de los servidores y exservidores públicos. En momentos donde la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas a las instituciones públicas, el TAFP demuestra con este ejercicio que la transparencia, más que una obligación debe ser un
principio de fe pública.
El balance de gestión, expuesto por el magistrado vicepresidente Carlos Ayala Montero, refleja una Institución robusta que registra altos niveles de ejecución presupuestaria y un cumplimiento riguroso
de sus obligaciones legales. Más allá de las cifras, el impacto ciudadano del TAFP radica en su consolidación como un órgano de control que garantiza reglas claras dentro del aparato estatal,
fortalecido mediante convenios y cooperación técnica nacional e internacional.
El acto contó con una marcada perspectiva internacional y de género, moderado por la secretaria
general Yessenia Sánchez. Uno de los invitados, el embajador de Perú en Panamá, Mario López
Chávarri, destacó las oportunidades de cooperación bilateral, mientras que la magistrada presidenta del Tribunal del Servicio Civil de Perú, Rosa María Carrillo, invitada especial, dictó una cátedra sobre un pilar clave para el desarrollo social actual: “La Participación Efectiva y el Liderazgo de las Mujeres
en los Espacios de Decisión Institucional”.
El salto cualitativo hacia el futuro del TAFP ahora será liderado por la magistrada presidente, Nelly González Hernández, que traza un Plan de Trabajo 2026-2028, con una estrategia que se enfoca en sustituir los recursos análogos para fortalecer una infraestructura tecnológica moderna y accesible, la transición hacia el expediente digital.
Se establecerán procesos más expeditos con el fortalecimiento de los Métodos Alternos de
Resolución de Conflictos y un programa nacional de divulgación y comunicación institucional, como puntales de transparencia, a la vez que se fortalecerá la rendición de cuentas como herramientas fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y la efectividad de la gestión pública.
Todo esto con estrategias y alianzas estratégicas, nacionales e internacionales, para incorporar
buenas prácticas con el objeto de fortalecer los marcos jurídicos, y acoger procedimientos garantistas haciendo uso de la tecnología y, ahora, con la inteligencia artificial aplicada a los
procesos, programas de capacitación y actualización del recurso humano.
Además, con la descentralización regional prometen una atención más eficiente, oportuna y, ante
todo, humana para miles de servidores públicos cuyas realidades laborales dependen de una justicia
administrativa laboral que no se dilate en el tiempo.
