Rotundo rechazo y preocupación fue expresado por un conjunto de organizaciones de la Sociedad Civil, respecto a la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022 que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 32 de 1984), así como la Ley 67 de 2008 que regula la Jurisdicción de Cuentas.
Según las organizaciones, la modificación viola la Constitución al crear fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría.
Además, afirman que la Ley 351 ya sancionada por el Ejecutivo, debilita la institucionalidad panameña en materia de prevención y sanción de la corrupción pública, al otorgarle al Contralor General de la República poderes discrecionales que le permitirá decidir, sin contrapeso alguno, qué investiga o deja de investigar.
Entre las organizaciones firmantes de este comunicado están: Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Transparencia Internacional Panamá, Movimiento Ciudadano Anticorrupción Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN) y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, entre otros.
Contralor responde
Mediane una nota de prensa el contralor Gerardo Solís respondió a los señalamientos de la organizaciones de la sociedad civil con una invitación pública para conversar.
«En atención al comunicado emitido en el día de hoy por algunas organizaciones civiles sobre la ley de la contraloría y por considerar la mayoría como organizaciones serias bien intencionadas con nobles propósitos el contralor Gerardo Solís extiende una invitación públicamente a dichas organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus aprensiones y plantearles razonadamente las bondades y ventajas de la nueva ley», así lo manifestó un comunicado de la Contraloría.
