Un empresario mexicano denunció ante la fiscalía de Panamá una supuesta persecución judicial en su contra, la cual lleva más de cinco años, alegando que sus bienes y cuentas permanecen retenidos sin pruebas ni cargos formales. Desde 2019, afirma haber enfrentado irregularidades por parte de las autoridades panameñas, incluyendo la falta de avances pese al cambio de gobierno en ese país.
Según el empresario, la fiscal Isis Soto mintió al Procurador General al afirmar que aún se esperaba la audiencia de imputación, cuando esta ya se había realizado en 2022 y el juez negó la solicitud del Ministerio Público. Su equipo legal acusa a la fiscalía de prolongar el caso con abusos de poder, ocultamiento de pruebas y una campaña de desprestigio para justificar la retención de su patrimonio.
El empresario sostiene que auditorías independientes han confirmado la legalidad de sus operaciones financieras y denuncia que la fiscalía ocultó estos informes. También acusa a funcionarios panameños de haber confiscado y utilizado sus vehículos, y relata haber sido detenido por 36 horas en un aeropuerto y haber perdido su visa de inversionista sin causa justificada.
Responsabiliza directamente a la fiscal Isis Soto y a Marcos Mosquera por corrupción, y señala al exvicepresidente Gabriel Carrizo como presunto responsable de una red de extorsión. Recuerda que, pese a que una jueza ordenó levantar las medidas cautelares en 2022, sus bienes siguen retenidos y la investigación continúa activa sin sustento legal.
El empresario concluye exigiendo la intervención del actual Procurador General, Luis Gómez Rudi, y la devolución inmediata de sus bienes. También advierte que su caso podría formar parte de un patrón de abusos judiciales que afectan a inversionistas extranjeros en Panamá, calificando su situación como una grave violación a sus derechos fundamentales.
Fuente : reforma Mexico
