Contraloría y Tribunal de Cuentas refuerzan la recuperación de bienespúblicos con medidas precautorias más ágilesEn un esfuerzo conjunto por fortalecer la protección del patrimonio estatal y combatirla impunidad en el manejo irregular de fondos públicos, la Contraloría General de laRepública y el Tribunal de Cuentas presentaron los alcances y el funcionamiento delas medidas precautorias, reguladas por la Resolución No. 12-3126, recientementepublicada en la Gaceta Oficial.El acto contó con la participación del contralor general de la República, Anel Flores;el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco; elmagistrado vicepresidente, Pablo Chen Vallarino; y el fiscal de Cuentas, JaimeBarroso.Desde su aplicación, se han emitido más de 40 órdenes de incautación, lograndoasegurar bienes por un valor superior a B/.24 millones, mientras que lasirregularidades detectadas en los procesos auditados ascienden a más de B/.57millones.El contralor general, Anel Flores, subrayó que uno de los principales desafíoshistóricos en la recuperación del patrimonio estatal ha sido el retraso entre lainvestigación y la adopción de medidas cautelares, que en promedio ha alcanzadolos cuatro años.“Existen condenas que superan los B/.70 millones, pero hasta ahora solo se hanpodido asegurar cerca de B/.20 millones, porque muchos bienes ya no estándisponibles al momento de dictar las medidas”, explicó.Flores destacó que el nuevo marco busca actuar con rapidez y dentro de la ley,garantizando siempre el debido proceso y la protección efectiva de los recursospúblicos.Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del RosarioFranco, señaló que las medidas precautorias están amparadas en la Ley 32 de 1984y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, las cuales las reconocen dentro de losprocesos fiscales.Agregó que toda acción deberá ser proporcional, fundamentada en indicios clarosde irregularidad y sujeta al control de la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo, que podrá suspenderlas cuando lo considere necesario.Ambas instituciones coincidieron en que este esfuerzo conjunto marca un pasodecisivo hacia una justicia fiscal más efectiva, transparente y ágil, orientada arecuperar lo que pertenece a todos los panameños.
