La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) pidió que la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso, Colón, se lleve a cabo con criterios imparciales, científicos y técnicos.
Durante una conferencia de prensa este martes 11 de febrero, el gremio advirtió que no se debe orientar la evaluación hacia el cierre definitivo de la mina sin un análisis técnico que lo respalde.
El presidente de CAMIPA, Roderick Gutiérrez, recordó que el proyecto ya ha sido sometido a nueve auditorías ambientales, todas aprobadas por el Ministerio de Ambiente. También mencionó que, además de estas revisiones oficiales, la empresa ha pasado por auditorías internas y externas exigidas por proveedores y accionistas. «El sector minero es uno de los más regulados a nivel internacional», destacó.
CAMIPA rechazó que se dé por hecho que hay daños ambientales sin una evaluación técnica formal. Además, solicitaron que los resultados de la auditoría ambiental sean divulgados lo antes posible por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, para garantizar transparencia en el proceso y tomar decisiones con base en datos concretos.
El impacto del cierre de la mina en la economía nacional fue otro punto clave de la conferencia. Según Gutiérrez, más de 54,107 empleos formales se han perdido, afectando a 22 comunidades directamente. Además, indicó que en 2023 la mina gastó $888 millones en compras locales, mientras que el Canal de Panamá invirtió $316 millones en el mismo periodo.
El cierre también ha golpeado a distintos sectores económicos. Gutiérrez explicó que 24 sectores, incluyendo exportaciones, logística, industria marítima y banca, han sufrido pérdidas. En el ámbito financiero, estimó que hay $240 millones en préstamos hipotecarios y de autos que podrían quedar impagos si el proyecto no se reactiva.
En la provincia de Coclé, el desempleo aumentó de 4% a 14.1% debido a la paralización de la mina, según los datos compartidos por el gremio.
