En la sesión del lunes 14 de julio, los diputados aprobaron, con 51 votos a favor, el proyecto de Ley 61, Que modifica y adiciona artículos al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015, sobre asistencia jurídica internacional en materia penal y dicta otra disposición, respecto a medidas contra la ciberdelincuencia.
Esta legislación tiene el objetivo de combatir la ciberdelincuencia y de proteger a las víctimas de violaciones cibernéticas en la república de Panamá al adicionar nuevos tipos penales para delitos informáticos que antes no estaban contemplados.
En este término, hace alusión al uso no autorizado de tecnología de la información, la interceptación ilícita de datos y el acoso a menores por medios cibernéticos. Respecto a la asistencia jurídica internacional, en materia penal, se aplicarán medidas contra la ciberdelincuencia.
El Proyecto 61 protege a las víctimas de violencia sexual digital tipificando la divulgación no consentida de contenido íntimo y estableciendo sanciones para los agresores.
Con la aprobación, en general, se unifican leyes sobre delitos sexuales y cibernéticos para una mejor protección y de una persecución más efectiva de las transgresiones.
LA LUCHA SE EXTIENDE EN MATERIA INTERNACIONAL
Complementando esta norma, Panamá se suscribe al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de prueba en Materia de Ciberdelincuencia, hecho en Madrid el día 28 de mayo de 2014, luego de que el proyecto de Ley 205 recibiera la aprobación, en tercer debate, de los diputados.
El convenio reforzará la cooperación entre los Estados miembros, los cuales deberán cumplir las solicitudes de reciprocidad, formuladas por sus pares. Además de ajustar sus ordenamientos jurídicos para gestionar las medidas de aseguramiento y diligencias de investigación.
Este documento ha sido firmado por Guatemala, Nicaragua, Perú, Portugal y Uruguay en mayo de 2014 en la ciudad Madrid y, posteriormente, por Costa Rica y México. Cuba fue el primer país en depositar el instrumento de ratificación en el año 2016; el segundo fue la República Oriental del Uruguay.
La República de Nicaragua ratificó el Convenio por Decreto Presidencial N°. 08-2020 aprobado el 16 de abril de 2020.