Durante su intervención en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional, la diputada Alexandra Brenes alzó la voz para respaldar la solicitud del diputado Jorge Bloise sobre la necesidad de investigar las operaciones bariátricas realizadas durante la administración de Laurentino Cortizo, las cuales fueron financiadas con fondos de la partida discrecional.
Brenes no solo se hizo eco de la denuncia, sino que planteó un argumento contundente: quienes se beneficiaron de estas cirugías deben devolver el dinero al Estado.
La diputada sugirió que aquellos que obtuvieron estos beneficios, algunos con salarios mensuales de hasta 4,000, 7,000 y 8,000 dólares, deberían reembolsar los costos de las operaciones estéticas.
El pronunciamiento de Brenes destaca una realidad crítica: en un país donde miles de panameños esperan meses, e incluso años, por procedimientos quirúrgicos necesarios, es inaceptable que recursos públicos se utilicen para financiar cirugías que no son prioridad en un contexto de emergencias médicas.
La propuesta de recuperar esos fondos es un paso hacia la justicia y una manera de asegurar que los recursos del Estado se destinen efectivamente a quienes realmente los necesitan.
