Crispiano Adames, Presidente de la Asamblea Nacional, en su discurso durante la instalación de un nuevo periodo legislativo, este 2 de enero, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, por tardar cinco años en publicar en Gaceta Oficial, el fallo que declaraba la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá.
«Si no es por la reacción del procurador de la Administración, Rigoberto González, de manera nacionalista y puntual, no sé si eso se hubiese alcanzado», dijo Adames. ”¿No atenta esto contra la seguridad del Estado? ”pregunto el Diputado.
Agregó que aunado a la inexplicable tardanza en la publicación de este fallo, está el desconocimiento de la sociedad panameña, incluso del Órgano Legislativo, sobre el contenido de las negociaciones del contrato con la minera y el borrador del contrato de negociación entre esta minera y el Estado, generando incertidumbre.
«Requerimos la información fiable, porque todos los recursos naturales que ahí existen en esos yacimientos, sea oro, cobre, que no han consignado; plata o manganeso, les pertenece a todos los panameños«, recalcó.
Enfatizó la irresponsabilidad de varios gobiernos, incluyendo el que aprobó el contrato original, desconociendo que había cobre, sometiendo al país a una situación de decisiones complejas y difíciles que sugieren soluciones con luces largas.
«Panamá es un país con un potencial minero significativo, que contrasta con su potencial natural no explotado a plenitud, lo que implicaría decisiones equilibradas en materia de desarrollo, es decir, la estabilidad ambiental vs. su potencial ambiental; segundo, es que somos un país de economía de libre mercado que necesita de inversión extranjera para crecer a tasas aceptables y garantizar el empleo de su población, en tercer lugar es una sociedad marcadamente desigual, social y económicamente, mayor debilidad y reto de desarrollo y los recursos que tiene deben ser explotados en un marco de procesos justos y atendiendo a los mejores intereses posibles de todos los panameños», puntualizó Adames.
El diputado también hizo referencia a la discusión de la Ley de Extensión de Dominio, de la de la que dijo no estar en contra de desarrollar una materia que vaya directamente contra de varios principios, primero el terrorismo, segundo lo señalado en comisión, contra los delitos relacionados al tráfico internacional de armas y trata de blancas.
«El que la debe y la teme tiene que saber que el narcotráfico no está solamente en la política, está en todos los parámetros de la vida nacional. Esta disposición no ha pasado porque le tememos, pero tiene que ir con el debido consenso de la sociedad panameña«, resaltó.
Reconoció los esfuerzos de otros países y las recomendaciones, «pero la aspirina que tiene que tomar este país, la tiene que tomar con sus manos y sabiendo qué tipo de aspirina es».
Destacó que en los países donde esta ley existe, hay tutela de los derechos y garantías fundamentales y hay un tribunal que va en defensa de las personas cuando se les viola el debido proceso y «aquí no hay eso».
Recalcó que el proyecto tiene múltiples falencias, que han sido determinadas por técnicos panameños.
Por otro lado, como tarea autocrítica, destacó que, como Órgano Legislativo, le debe a la sociedad la discusión y modificación del reglamento orgánico del régimen interno para adecuar la actividad que realizan a la política real.
Resaltó que hoy en día existen partidos políticos débiles y alternativas democráticas pobres; tampoco han sido capaces como Órgano Legislativo, dijo el diputado, de abordar y forzar la discusión del problema de la seguridad social con respecto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, que es una “deuda a saldar para las presentes y futuras generaciones”.
Adames enfatizó que, durante seis meses se aprobaron leyes tanto de carácter social, como económicas y administrativas judiciales, teniendo como resultado 74 proyectos de los cuáles 61% fueron de carácter social, 19 económicos y 20% administrativos judiciales.
